Un territorio frágil con recursos codiciados
"La Patagonia está condenada a ser uno de los espacios más puros del planeta. Cuando las cualidades originales del aire no sean más que un recuerdo en el resto del mundo, en la Patagonia serán una realidad cotidiana, y eso le da un valor fácil de calcular", dice Luis Sepúlveda en su libro Noticias del Sur. Porque si esta región aislada parece seguir escapando en parte de un mundo que retumba, también parece estar de prestado, hasta el punto de que la abundancia de sus recursos naturales atrae a empresas nacionales y extranjeras. Con el aumento de la demanda mundial de energía, la región se ha convertido en un mercado importante. Desde hace varias décadas, el norte de la Patagonia está plagado de pozos de gas y petróleo. En el camino, Argentina se ha convertido en el mayor productor de gas natural de América Latina, con una producción de 37,1 km3 en 2017. En Chile, la pesca es un negocio floreciente: el país ocupael quinto lugar en el mundo con 5 millones de toneladas anuales. Es el segundo mayor productor de salmón del mundo, después de Noruega: las ventas exteriores de salmón se dispararon un 33% entre 2012 y 2021, ascendiendo a casi 650.000 toneladas y más de 5.000 millones de dólares en 2021. Los cerca de 2.400 centros de acuicultura producen más del 90% de la producción del país. Sin embargo, la explotación de las aguas pesqueras por parte de las industrias genera una contaminación sin precedentes y los pescadores artesanales, incapaces de competir con la pesca industrial, ya ni siquiera comen marisco: las algas tóxicas envenenan la fauna y la flora, mientras que el salmón causa estragos hasta en el Pacífico Norte. Su riqueza natural ha sido malversada por diversas políticas económicas, y casi la ha perjudicado: durante la crisis de 2001, el gobierno argentino llegó a estudiar la posibilidad de regalar la Patagonia a Estados Unidos a cambio de la condonación de la enorme deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional (¡!)El problema ecológico
Contaminación masiva, explotación del suelo y desastres ecológicos, los paisajes de la Patagonia han sido desfigurados por las mayores empresas del mundo que han llegado a la región en las últimas décadas. Entre proyectos de presas hidroeléctricas, parques nacionales y minería, todos los grandes actores del sector están presentes en este inmenso territorio: Total, YPF, Tecpetrol, Chevron, Exxon... Y a pesar de la intervención de varias asociaciones y ONG, que denuncian un desprecio por las normas medioambientales y los derechos de los pueblos indígenas, la industria petrolera opera sin ningún control. Por ejemplo, en la enorme explotación del yacimiento de gas de esquisto de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, Greenpeace ya ha advertido sobre el mal funcionamiento de esta plataforma, inaugurada en 2010 en territorio mapuche. El gobierno ya ha recibido dos advertencias de la ONU, pero desgraciadamente se están cambiando los decretos medioambientales para beneficiar a las empresas. En marzo de 2019, a pesar de los planes de una red de parques nacionales en la Patagonia, se emitieron autorizaciones de concesiones mineras en la Patagonia chilena, incluyendo el proyecto minero Los Domos, con 19 plataformas de perforación y 12 concesiones mineras. ¿La consecuencia? El proyecto de explotación minera ha recortado 5.000 hectáreas del parque nacional propuesto. Por último, en julio de 2019, se produjo un importante incidente en las instalaciones de uno de los principales grupos mineros del país, Pacific Steels Company. La Armada chilena fue movilizada después de que se derramaran 40.000 litros de gasóleo en el mar frente a la isla de Guarello, conocida por sus aguas prístinas y su ecosistema marino. La reacción de las autoridades fue inmediata y los daños fueron limitados: 1/3 del agua impregnada de petróleo se recuperó durante una importante operación de limpieza.
¡Patagonia ya no está a la venta!
Es en este contexto que chocan dos visiones opuestas del uso de los recursos naturales: la de la explotación y la de la conservación de las áreas naturales. Estos últimos reciben sólo una mínima parte de los presupuestos de Chile y Argentina, que luchan por garantizar su gestión y desarrollo. Como resultado de la gran indiferencia de los gobiernos ante los graves impactos ambientales y sociales, varias iniciativas privadas se han embarcado en proyectos colosales para asegurar la protección de estos espacios salvajes. Dirigida a la economía del turismo, la creación de parques privados tomó forma durante las décadas de 2000 y 2010: en Chile, se crearon tres parques nacionales en 2017 tras la donación de más de 400.000 hectáreas de tierra por parte de la Fundación Tompkins. En la Argentina, a pesar de la presión de las empresas mineras, una ley aprobada en 2010 promete preservar de toda actividad humana las zonas pre-glaciares que actualmente representan el 10% de las reservas mundiales de agua dulce de origen glaciar.
La larga lucha de los mapuches
Antes de la llegada de los españoles, su territorio abarcaba 100.000 kilómetros cuadrados: hoy viven en el 5% de su territorio original. Perseguidos bajo el régimen de Pinochet en Chile y expulsados progresivamente de todas sus tierras, los mapuches se organizan ahora para recuperar el uso y la propiedad de sus territorios. Una de sus "pequeñas victorias": desde 1994, la Constitución argentina reconoce los derechos de los pueblos indígenas, y en particular el derecho al bilingüismo y a los órganos de representación. En Chile, una sentencia de 2014 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos subraya que los procesos penales que invocan las leyes antiterroristas contra las comunidades indígenas que protegen sus tierras ancestrales son ahora ilegales. En los últimos años, una serie de sucesos extremadamente violentos han provocado la muerte de muchos mapuches que reclaman la devolución de sus tierras, lo que se ha convertido en un asunto preocupante. Sin embargo, el gobierno de Michelle Bachelet, con la ayuda de la Iglesia, ha intentado devolver la mayor cantidad de tierra posible (66.000 hectáreas en total) y en 2016 organizó una comisión especial dedicada al tema mapuche. Concluyó con una petición de perdón a los mapuches por los horrores cometidos en siglos pasados
En el lado argentino, un hecho incendió y dividió profundamente al país en 2017, cuando un joven activista medioambiental llamado Santiago Maldonado desapareció mientras participaba en una manifestación de la comunidad mapuche contra la empresa Benetton, propietaria de 900.000 hectáreas de tierra, parte de las cuales son reclamadas por los mapuches. Aunque el gobierno afirmó que la policía militar no era responsable, ya que había reprimido duramente la manifestación, el cuerpo de Santiago fue encontrado sin vida en un río. Este macabro descubrimiento aumentó la ira de los activistas y de los partidarios de Cristina Kirchner -la principal opositora del presidente Macri-, que compararon la desaparición con los métodos de la dictadura militar
En Chile, la ley antiterrorista otorga poderes especiales a la policía, que ejerce un control permanente y una represión sistemática sobre la población. Estrechamente vigilados por el Estado chileno, los mapuches se han vuelto desconfiados y no dudan en actuar clandestinamente. Así, los grupos minoritarios mapuches, tras quemar empresas forestales y edificios religiosos (en 2017 se produjeron 43 ataques incendiarios en la Araucanía), se han visto entre rejas. En 2018 y 2019, la resistencia mapuche se radicalizó: continuaron las acciones de sabotaje vinculadas a reivindicaciones territoriales contra empresas privadas. Las consecuencias no fueron en vano: la región dejó gradualmente de recibir capital extranjero. Ante la caída de las inversiones, el Presidente Piñera dijo que quería "restablecer el orden frente a estos actos terroristas". Sin embargo, esta no es la opinión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que condenó a Chile en 2013 por el uso injustificado del término "terrorismo" en el conflicto mapuche y reconoció la legitimidad de la protesta social mapuche. En consecuencia, aumentan las intervenciones policiales de mano dura en comunidades aisladas. Poco comprendida por la nación chilena, la situación parece haber llegado a un punto muerto: cuanto más refuerzan las autoridades su represión policial y judicial, más se radicalizan los líderes mapuches.
Cuestiones políticas y sociales
Inestable desde la llegada de los conquistadores, el clima político y social tanto en Chile como en Argentina se ha vuelto eléctrico en 2019. En dos países extremadamente desiguales, en los que un importante crecimiento económico no ha logrado restablecer la igualdad social, el neoliberalismo parece ser el hilo conductor de todas estas tensiones. Sin embargo, es necesario examinar las situaciones específicas de cada uno de estos dos países. Presentada como una de las economías más envidiables del continente americano, Chile se enfrentó a un estallido social tan vivo como inesperado tras el anuncio del aumento del billete de metro el 18 de octubre de 2019. El anuncio fue uno más, empujando a los ciudadanos a reunirse en las calles para manifestarse y desafiar las reformas implementadas por el Presidente Piñera. Aunque estable política y económicamente (crecimiento del PIB del 3,5% en 2019), Chile es uno de esos países en los que la riqueza está en manos de una minoría especialmente rica: el 1% de los más ricos del país posee algo más de la cuarta parte del PIB nacional, mientras que 1/4 de los chilenos viven por debajo del umbral de la pobreza. Y aunque la pobreza ha disminuido en los últimos 30 años, la brecha no se está cerrando lo suficientemente rápido, ya que Chile es el país más desigual de la OCDE en términos de ingresos, con un salario mínimo de sólo 370 euros. Esta mala distribución de la riqueza, resultado de una política ultraliberal que se remonta a la dictadura, ha despertado la ira de los chilenos, que están decididos a exigir justicia social. Paralizado por numerosas huelgas y manifestaciones masivas que reunieron hasta un millón de personas en la capital, el país se enfrentaba a un movimiento social sin precedentes, galvanizado por el regreso de las fuerzas armadas a las calles: una novedad desde la dictadura de Pinochet. Tras anunciar el estado de excepción y afirmar torpemente que el país estaba "en guerra", el presidente Piñera se sentó a la mesa de negociaciones para proponer nuevas medidas capaces de calmar el descontento. A pesar de las concesiones del presidente, el país coordinó una huelga general el 12 de noviembre de 2019. En Santiago, en particular, la violencia y los enfrentamientos fueron extremos entre las fuerzas del orden y el pueblo, frustrado durante décadas por la austeridad. Tras una primera reacción brutal del gobierno (restablecimiento del toque de queda por primera vez desde 1987 y el ejército en la calle), el presidente Piñera se está abriendo a una serie de respuestas graduales. Al anuncio de la renuncia a una serie de reformas y medidas económicas y a la remodelación del gabinete le siguió el anuncio de una subida del 20% de las pensiones mínimas. Más allá de las concesiones adoptadas en la urgencia del movimiento social, el verdadero desafío para el gobierno parece ser el de la reforma social, tan esperada y deseada por la población chilena. Hay que recordar que las carencias del país provienen en parte de la actual Constitución, que data de la dictadura. La salud, la educación, las pensiones, el medio ambiente, los derechos de las naciones indígenas, el acceso al agua... los debates sobre el sistema de privatización son tormentosos. Parece que la verdadera transición democrática y social sólo podrá tener lugar una vez que se haya votado y puesto en marcha una nueva constitución que rompa de una vez por todas con el modelo autoritario neoliberal heredado de Pinochet. Un año después del levantamiento popular, el 25 de octubre de 2020, decenas de miles de chilenos celebraron en las calles de la capital el resultado del referéndum sobre la nueva Constitución aprobado con casi el 79% de los votos. Los días 15 y 16 de mayo de 2021, los chilenos fueron convocados nuevamente a las urnas para designar a los 155 ciudadanos encargados de redactar la nueva Constitución. Esta votación histórica dio al país una institución representativa de la sociedad (con 17 escaños reservados para las naciones indígenas y un mecanismo de paridad de género). A finales de 2022, los partidos seguían negociando los contornos de una nueva Asamblea Constituyente tras el rechazo en referéndum de un primer proyecto de texto presentado en septiembre de 2022. Queda por ver si el poder constituyente estará a la altura de las esperanzas del movimiento social de 2019 y de los deseos de los ciudadanos. Por su parte, Argentina, verdadero péndulo económico y político, no parece poder salir de la crisis que atraviesa desde hace casi veinte años. El 10 de diciembre de 2019, el presidente neoliberal Mauricio Macri dio paso a Alberto Fernández, el nuevo presidente de centro izquierda que obtuvo el 47% de los votos. En recesión desde hace más de un año y con una inflación superior al 37%, Argentina asiste al regreso del peronismo. Creado en los años 40 en torno a la figura de Juan Perón, el peronismo encarna el deseo de justicia social en un país cada vez más desigual. Ante una situación económica catastrófica y una política social en perdición, los objetivos de este nuevo presidente son considerables. De hecho, en 2018, el FMI concedió el mayor préstamo de su historia con 57.000 millones de dólares. A principios de 2022, tras la aprobación de un acuerdo de renegociación de la deuda argentina de 44.000 millones de dólares, el FMI reconoció la insostenibilidad del préstamo concedido en 2018. La eterna crisis de la deuda argentina parece continuar junto a las dificultades económicas que se siguen acumulando: en un intento de contener la inflación, que llegó a más del 100% en 2022 (casi un 7% de aumento de precios al mes), el gobierno lanzó una medida llamada "precios justos" en noviembre de 2022. Esta nueva iniciativa consiste en congelar los precios de 1.700 productos esenciales durante 120 días.
