La larga lucha de los mapuches
Antes de la llegada de los españoles, su territorio abarcaba 100.000 kilómetros cuadrados: hoy viven en el 5% de su territorio original. Perseguidos durante siglos y expulsados progresivamente de todas sus tierras, los mapuches se organizan ahora para recuperar el uso y la propiedad de sus tierras tras el retorno de la democracia. En los últimos años, una serie de sucesos extremadamente violentos han provocado la muerte de numerosos mapuches que reclamaban la devolución de sus tierras, convertidas prácticamente en un erial. Sin embargo, el gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018) se ha esforzado, con la ayuda de la Iglesia, en devolver la mayor cantidad de tierras posible (66.000 hectáreas en total) y en 2016 organizó una comisión especial que terminó con una petición de perdón por los horrores cometidos en siglos pasados. En octubre de 2017, un comité mapuche envió una carta al Papa pidiéndole ayuda como mediador ante la violencia que sigue escalando. La ley antiterrorista otorga poderes especiales a las fuerzas del orden, que ejercen un control permanente y una represión sistemática sobre la población. Estrechamente vigilados por el Estado chileno, los mapuches se han vuelto desconfiados y no dudan en actuar clandestinamente. Como resultado, los grupos minoritarios mapuches que han incendiado empresas madereras y edificios religiosos se han encontrado entre rejas. En 2018 y 2019, la resistencia mapuche se radicalizó: continuaron las acciones de sabotaje vinculadas a reivindicaciones territoriales contra empresas privadas. Las consecuencias no fueron menores: la región dejó paulatinamente de recibir capitales extranjeros. Ante la caída de las inversiones, el presidente Piñera dijo querer "restablecer el orden frente a estos actos terroristas". Sin embargo, esta no es la opinión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que condenó a Chile en 2013 por el uso injustificado del término en el conflicto y reconoció la legitimidad de la protesta social mapuche. La situación parecía estancada hasta la elección en 2021 de una mujer mapuche, Elisa Loncón, al frente de la futura Constitución: la elección de una mujer indígena de la sociedad civil al frente de la Asamblea Constituyente supuso un hecho histórico y un gran avance en la representación de las comunidades del país. La revista Time la incluyó en su lista de las 100 personas más influyentes de 2021. Sin embargo, el rechazo de la nueva Constitución en septiembre de 2022, seguido de las elecciones constituyentes ganadas por la oposición el 7 de mayo de 2023, frenaron seriamente este avance.
La crisis política y social de 2019
El clima político y social se ha electrizado a lo largo de 2019: a pesar del importante crecimiento económico, el país no ha logrado atajar la desigualdad social. Anunciado como una de las economías más envidiables del continente americano, Chile se enfrentó a una explosión social tan aguda como inesperada tras el anuncio de una subida del billete de metro el 18 de octubre de 2019. El anuncio fue uno de más, lo que provocó que los ciudadanos salieran a las calles a protestar contra las reformas introducidas por el presidente Piñera. Aunque política y económicamente estable (crecimiento del PIB del 3,5% en 2019), Chile es uno de esos países en los que la riqueza se concentra en manos de un minoritý especialmente acaudalado: el 1% de los más ricos del país posee algo más de la cuarta parte del PIB nacional, mientras que 1/4 de los chilenos vive por debajo del umbral de la pobreza. Y aunque la pobreza ha disminuido desde el final de la dictadura, la brecha no se cierra lo suficientemente rýpido, ya que Chile es el paýs mýs desigual de la OCDE en týrminos de ingresos, con un salario mýnimo de apenas 370 euros. Esta mala distribución de la riqueza, resultado de una política ultraliberal que se remonta a la dictadura, ha despertado la cólera de los chilenos, decididos a exigir justicia social. Paralizado por numerosas huelgas y manifestaciones masivas que reunieron hasta un millón de personas en la capital, el país se enfrentó a un movimiento social sin precedentes, galvanizado por el regreso de las fuerzas armadas a las calles: una primicia desde la dictadura de Pinochet. Tras anunciar el estado de excepción y afirmar torpemente que el país estaba "en guerra", el Presidente Piñera se sentó a la mesa de negociaciones para proponer nuevas medidas capaces de calmar el descontento. A pesar de las concesiones del Presidente, el país coordinó una huelga general el 12 de noviembre de 2019. En Santiago, en particular, hubo violencia extrema y enfrentamientos entre las fuerzas del orden y el pueblo, frustrado durante décadas por la austeridad. Tras una primera reacción brutal del Gobierno (restablecimiento del toque de queda por primera vez desde 1987 y el ejército en las calles), el Presidente Piñera se fue abriendo a una serie de respuestas graduales. Al anuncio del abandono de un cierto número de reformas y medidas económicas y a la remodelación del gabinete siguió el anuncio de un aumento del 20% de las pensiones mínimas. Finalmente, unos meses más tarde, el país sufrió una doble sacudida: tras las crisis sociales, la crisis provocada por Covid-19 paralizó el país. Entre encierros, toques de queda y hacinamiento hospitalario, Chile fue uno de los países que más se vacunó. Finalmente, Chile estabilizó su situación sanitaria y se abrió progresivamente al turismo a finales de 2021. No fue hasta finales de 2022 cuando se levantó la obligación de llevar mascarilla.
Mientras tanto, se eligió a un nuevo presidente, el más joven de la historia del país: Gabriel Boric, de 35 años, fue elegido Presidente de Chile en diciembre de 2021 y dio al país un nuevo color político: izquierda radical.
¿Hacia una nueva Constitución?
Más allá de las concesiones adoptadas como consecuencia de la urgencia del movimiento social, el verdadero desafío del gobierno parece ser el de reconstruir el tejido social tan esperado y anhelado por el pueblo chileno. Hay que recordar que las carencias del país provienen en parte de la actual Constitución, que data de la dictadura. La sanidad, la educación, las pensiones, el medio ambiente, los derechos de los pueblos indígenas, el acceso al agua... los debates sobre el sistema de privatizaciones son tormentosos. Parece que la verdadera transición democrática y social sólo podrá tener lugar cuando se haya votado y puesto en marcha una nueva Constitución que rompa de una vez por todas con el modelo autoritario neoliberal heredado de Pinochet. Un año después del levantamiento popular, el 25 de octubre de 2020, decenas de miles de chilenos celebraron en las calles de la capital el resultado del referéndum sobre la nueva Constitución aprobada por casi el 79% de los votos. Los días 15 y 16 de mayo de 2021, los chilenos fueron llamados de nuevo a las urnas para elegir a los 155 ciudadanos encargados de redactar la nueva Constitución. Esta votación histórica dotó al país de una institución representativa de la sociedad (con 17 escaños reservados para las naciones indígenas y un mecanismo de paridad de género). Pero entonces, el 4 de septiembre de 2022, la nueva Constitución fue rechazada por el 62% de los votantes. Toda una sorpresa. El rechazo subrayó la inmensa desconfianza del pueblo en sus instituciones. El 7 de mayo de 2023 se celebraron nuevas elecciones constituyentes para elegir una asamblea encargada de redactar una nueva versión de la Constitución. Pero los resultados confirmaron esta desconfianza: el Partido Republicano, fervientemente opuesto a la redacción de una nueva Constitución, obtuvo la mayoría de los votos. Si añadimos los votos obtenidos por el partido Chile Vamos, una coalición de tres partidos de derecha también favorables al texto actual, la Presidenta y la Alianza de Izquierda se encuentran en el bando perdedor.
¿Cómo se ha logrado semejante giro político en cuatro años? Hay que tener en cuenta varios factores. En primer lugar, el paso del coronavirus, que debilitó la economía de la parte más frágil de la población, obligándola a revisar sus prioridades reivindicativas. A esto se añade una importante crisis migratoria: desde hace algunos años, muchos venezolanos que huyen de las dificultades de su país de origen entran ilegalmente en Chile por el desierto del norte. Parte de esta población ilegal (en realidad una minoría muy pequeña) se instala en las ciudades, y más concretamente en la capital, y se dedica a todo tipo de pequeños robos, llegando incluso a formar bandas. Aunque algunas de estas bandas son especialmente violentas y espectaculares, se trata casi exclusivamente de ajustes de cuentas entre bandas. Esta realidad ha sido cubierta -y sigue siendo cubierta- por los medios de comunicación del país hasta tal punto que otras cuestiones sociales han ido quedando completamente relegadas (en particular, el hecho de que miles de personas mueran cada año esperando una atención que nunca llega).
Naturalmente, los partidos de derecha y extrema derecha han sabido utilizar esta crisis migratoria en su beneficio, apelando a una proporción creciente de la población preocupada por esta cuestión de seguridad y motivando el rechazo al proyecto de Constitución. Por último, es importante subrayar que el referéndum sobre la adopción o el rechazo de esta nueva Constitución se había hecho obligatorio. Era el primer voto obligatorio al que se convocaba a la población chilena desde el retorno a la democracia. Una gran parte de la población, que nunca antes había votado, se vio obligada a pronunciarse sobre la aprobación de un texto muy largo, que contiene 380 artículos de ley, redactados en términos jurídicos que no son necesariamente fáciles de entender para los que no están acostumbrados a esta prosa. La falta de educación de las clases populares no jugó a favor de la aceptación. En el siguiente episodio, el 7 de mayo de 2023, cuando se eligió la nueva Asamblea Constituyente, el proceso volvió a ser obligatorio para todos. La campaña mediática y política volvió entonces a centrarse en las cuestiones de seguridad, jugando con la incertidumbre del futuro. Hay que señalar aquí que los medios de comunicación chilenos dominantes están en manos de unos pocos grupos privados (las pocas familias dueñas de Chile), que no ven con buenos ojos una nueva Constitución que amenace sus intereses. Así pues, aunque algunos de los problemas relacionados con la seguridad y la inmigración son muy reales, el creciente revuelo mediático en torno a estas cuestiones durante los dos últimos años ha fomentado la creación de un clima de miedo. El miedo prevaleció, dando a la derecha y a la extrema derecha una mayoría de escaños.
El problema ecológico
Contaminación masiva, explotación del suelo y desastres ecológicos: los paisajes de Chile han sido desfigurados por las mayores empresas del mundo que se han instalado en el país en las últimas décadas. Entre proyectos de presas hidroeléctricas, minería y ganadería intensiva, el país parece estar pagando un alto precio por la abundancia de sus recursos naturales. Gas de esquisto, litio, cobre, acuicultura... no faltan oportunidades económicas, y éstas atraen cada vez más capital extranjero. Con la demanda mundial de energía en aumento, las fábricas que producen litio, el nuevo oro blanco (necesario para las baterías de nuestros ordenadores y teléfonos móviles), están perforando pozos en el desierto de Atacama, y el consumo de agua es abundante en una región tan árida. Como consecuencia, las fábricas bombean agua y secan las capas freáticas. La minería del cobre (Chile posee el 20% de los recursos mundiales de cobre) también contamina los ríos y ataca los glaciares, principal recurso hídrico del país.
La pesca, aún floreciente, también repercute en el medio ambiente. El país ocupael 5º puesto mundial con 5 millones de toneladas de pescado producidas anualmente. Es el segundo productor mundial de salmón después de Noruega, con 650.000 toneladas y un valor de mercado de más de 5.000 millones de dólares en 2021. Unos 2.400 centros de acuicultura producen más del 90% de la producción del país. Sin embargo, la explotación de unas aguas repletas de peces por parte de la industria está generando una contaminación sin precedentes, y los pescadores artesanales, incapaces de competir con la pesca industrial, ya ni siquiera se alimentan de marisco: las algas tóxicas envenenan la fauna y la flora, mientras que el salmón causa estragos hasta el norte del Pacífico, en Estados Unidos y Canadá (miles de salmones de piscifactoría se escapan cada año, poniendo en peligro a los peces salvajes a los que transmiten parásitos).
En marzo de 2019, a pesar de los planes para una red de parques nacionales en la Patagonia, se emitieron autorizaciones para concesiones mineras, en particular para el proyecto minero Los Domos, que comprende 19 plataformas de perforación y 12 concesiones mineras. ¿Cuál es el resultado? El proyecto minero ha recortado 5.000 hectáreas del parque nacional propuesto. Por último, en julio de 2019, se produjo un grave incidente en las instalaciones de uno de los principales grupos mineros del país, Pacific Steels Company. La Armada chilena fue movilizada tras el vertido de 40.000 litros de diésel al mar frente a la isla Guarello, conocida por la pureza de sus aguas y su ecosistema marino. Las autoridades reaccionaron inmediatamente y los daños fueron limitados: 1/3 del agua contaminada se recuperó durante una importante operación de limpieza. En este contexto chocan dos visiones opuestas del uso de los recursos naturales: la de la explotación y la de la conservación de los espacios naturales. Estas últimas sólo reciben una ínfima parte del presupuesto chileno, que se esfuerza por garantizar su gestión y desarrollo. Ante la indiferencia del gobierno por los graves impactos medioambientales y sociales, se han puesto en marcha varias iniciativas privadas para proteger estas zonas salvajes. En Chile, en 2017 se crearon tres parques nacionales tras la donación de más de 400.000 hectáreas de terreno por parte de la fundación de Douglas Tompkins (1943-2015), creador de la marca The North Face.
