Parques nacionales
Bolivia cuenta con varias reservas naturales y parques nacionales, cuya superficie total representa alrededor del 18% de su territorio. Estas zonas protegidas están destinadas a preservar una gran variedad de ecosistemas, pero a menudo carecen de recursos y en algunos casos se ven amenazadas por proyectos mineros, hidrográficos o de explotación petrolífera. En la actualidad, existen varios proyectos de colaboración llevados a cabo por las poblaciones locales, destinados a desarrollar actividades respetuosas con la biodiversidad y las culturas indígenas (ecoturismo). Cuando planifique su viaje, intente recurrir a estas asociaciones turísticas, que a menudo pretenden garantizar la autofinanciación de los parques naturales.
Parque NacionalNoel Kempff Mercado : situado en el departamento de Santa Cruz, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, protege un mosaico de entornos naturales, como sabanas, humedales, bosques secos y húmedos, asociados a una biodiversidad excepcional.
Parque Nacional de Otuquis: situado en el departamento de Santa Cruz, en la frontera entre Brasil y Paraguay, protege los ecosistemas del Pantanal, un conjunto excepcional de humedales, auténtico reservorio de biodiversidad y elemento regulador de los ciclos del agua.
Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Seguro (TIPNIS ): situado en los departamentos de Beni y Cochabamba, el TIPNIS alberga una gran diversidad de entornos, desde los Andes hasta el borde de la selva amazónica, y de poblaciones indígenas. En 2011, bajo el impulso del presidente Evo Morales, se presentó un proyecto de infraestructura vial que atravesaría este territorio. Por supuesto, contó con la fuerte oposición de indígenas y ecologistas, ya que dividiría la selva en dos y desplazaría a varios grupos étnicos, principalmente yuracarés y chimanes. Álvaro Marcelo García Linera, entonces vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, intentó torpemente calmar las tensiones subrayando que la carretera sólo mejoraría las condiciones de vida de los habitantes de la región al proporcionarles un mejor acceso a la sanidad, la educación y el empleo. Varios meses de protestas, incluida una marcha a La Paz iniciada en 2011 por comunidades indígenas, habían cerrado primero el proyecto y dado lugar a una ley que convertía el TIPNIS en intangible. En 2017, una nueva ley revirtió esta intangibilidad y se relanzó el proyecto. En 2017, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza emitió un veredicto en 2019 en el que pedía la paralización de las obras, que sin embargo habían comenzado. Detrás de esta retórica había una intención evidente, la de multiplicar por diez las exportaciones de materias primas a Asia, al tiempo que se daba acceso a Oriente a los Andes y luego al Pacífico. Hay que señalar que esta vía justificaría también la explotación desenfrenada de hidrocarburos para Brasil al tiempo que permitiría a los productores de coca acceder a nuevas zonas de producción, lo que provocaría una deforestación masiva que reduciría la infiltración de agua al tiempo que aumentaría la erosión de los suelos. Este discurso contradictorio demuestra claramente la existencia simultánea de dos modelos opuestos: un conjunto de ideas alternativas al "desarrollo" y el neoextractivismo.
Los retos de la agricultura
El cambio en el uso del suelo es una de las principales preocupaciones de Bolivia, ya que representa casi el 80% de las emisiones totales del país. En 2021, Bolivia era el tercer país con mayor pérdida de bosques después de Brasil y la República Democrática del Congo. Una de las principales causas de este fenómeno es la práctica intensiva de monocultivos de exportación (especialmente soja y quinoa). Además de provocar una deforestación masiva (Bolivia perdió 32.000 km² -una superficie mayor que Bélgica- de selva tropical primaria entre 2002 y 2020, según estimaciones de Global Forest Watch), este método conlleva simultáneamente la construcción de presas para el riego y el uso abusivo de pesticidas, que están en el origen de la degradación de los entornos naturales y la erosión de la biodiversidad. Estos monocultivos se desarrollan en detrimento de los cultivos alimentarios, y los bolivianos a veces tienen que importar la quinoa que necesitan para alimentarse. El cultivo de la soja, iniciado por las colonias menonitas en los años 50, es ahora el principal recurso agrícola exportable del país (el 80% de su soja se exporta). Para hacerse una idea de su meteórico crecimiento, desde la década de 2000 los beneficios de sus ventas han pasado de 300 millones de dólares a más de 1.100 millones. Las consecuencias medioambientales de este monocultivo intensivo son la deforestación y la degradación de los bosques, el empobrecimiento de los suelos, la reducción de los rendimientos agrícolas y, por supuesto, la desaparición de los ecosistemas y de su biodiversidad.
Contaminación del agua y deshielo de los glaciares
Las actividades industriales (minería y metalurgia) provocan la contaminación del aire, el agua y el suelo. La presencia de depósitos de residuos mineros al aire libre, en forma de escoriales, contribuye a la diseminación de la contaminación por metales en ríos y lagos. La situación del lago Titicaca, el mayor embalse de agua dulce de Sudamérica, también es preocupante, ya que actualmente está contaminado por vertidos de aguas tanto industriales como domésticas. Además, a finales de 2015, el segundo lago más grande de Bolivia, el lago Poopó, que cubría unos 3.000 km², albergaba más de 200 especies de animales y había servido de hogar a comunidades durante miles de años, se evaporó por completo. Esta gran masa de agua dulce, que antaño cubría una superficie mayor que Luxemburgo, se parece ahora más a un desierto que a un lago.
Además, el nivel de agua de los embalses desciende de forma alarmante. Según la plataforma estadística Worldometers, las reservas de agua renovable per cápita han disminuido alrededor de un 65% en los últimos cincuenta años. El calentamiento en curso también está provocando el deshielo de los glaciares andinos y el agravamiento de las sequías, lo que aumenta el espectro de la escasez de agua y la inseguridad alimentaria. En noviembre de 2016, La Paz se quedó sin servicio de agua potable durante varias semanas debido a un fallo de comunicación institucional. De la noche a la mañana, sus habitantes se vieron obligados a racionar el suministro de agua potable. Por supuesto, el deshielo de los glaciares fue una de las principales causas de esta crisis (cabe señalar que hace tan solo unos años, los paceños seguían esquiando en el glaciar Chacaltaya, a las afueras de La Paz...).
Ambivalencia hacia las cuestiones medioambientales
Bolivia ha respondido a los retos medioambientales del país con acciones ambivalentes, especialmente durante la presidencia de Evo Morales (2006-2019). En 2010, tras el fracaso parcial de la conferencia sobre el clima de Copenhague, el presidente boliviano tomó la iniciativa de un movimiento alternativo e inició la Conferencia Mundial de los Pueblos contra el Cambio Climático, en la ciudad de Cochabamba, famosa por haber ganado la lucha contra la privación de su agua en 2000. La Constitución boliviana reconoce el concepto de "Pachamama" o Madre Tierra, considerada como el conjunto del mundo vivo interrelacionado y dinámico (del que formamos parte). La Ley de Derechos de la Madre Tierra de 2010 consagra la protección de la "Pachamama" e impone derechos y obligaciones al Estado. Sin embargo, bajo la misma presidencia, el Estado también ha fomentado el desarrollo de monocultivos de coca asociados a proyectos hidroeléctricos en áreas protegidas, sin tener en cuenta la selva ni a los pueblos indígenas. Por ejemplo, una ley de 2016 autoriza una mayor superficie de deforestación para actividades agrícolas, y la ley de coca de 2017 aumenta la superficie autorizada para el cultivo de coca. Este cultivo genera el uso de pesticidas y contribuye al agotamiento de los suelos y a la erosión de la biodiversidad (se constata una disminución significativa de las poblaciones de abejas), por no hablar de la necesidad de agua, y de los usos ilícitos cuando la coca se transforma en droga, un proceso que requiere el uso de productos químicos, con impactos sanitarios y sociales en toda la cadena. La gestión de la crisis vinculada a los incendios del verano de 2019, que arrasaron casi un millón de hectáreas de bosque en el Pantanal boliviano, también fue muy criticada por buena parte de la población.
Uno de los problemas medioambientales actuales es la explotación de litio en el Salar de Uyuni, un vasto desierto de sal, hábitat de ciertas especies de aves y gran atractivo turístico del país. El litio boliviano, que hoy representa el 65% de los yacimientos mundiales, es un metal utilizado en la fabricación de teléfonos inteligentes, ordenadores portátiles, baterías de bicicletas y coches eléctricos. La explotación del litio en el Salar de Uyuni, que ya ha comenzado, podría provocar el agotamiento de los recursos hídricos necesarios para las comunidades locales y otras especies vivas, mediante el bombeo de aguas subterráneas. Al mismo tiempo, la falta de conciencia medioambiental de la población no ayuda a la gestión del agua y a la lucha contra el cambio climático, en un país donde el agua es cada vez más escasa, tanto en las zonas rurales como en las urbanas. La escasez de agua en La Paz ha llevado al racionamiento en los últimos años.
