Política: lo viejo frente a lo nuevo
Desde la caída del comunismo, el país ha sido gobernado alternativamente por sus herederos, unidos en el Partido Socialdemócrata (PSD), y por los liberales: en 1990 y 1992, el ex comunista Ion Iliescu ganó las dos primeras elecciones presidenciales. Derrotado en 1996 por el democristiano Emil Constantinescu, recuperó la presidencia de 2000 a 2004. El alcalde de Bucarest, Traian Băsescu, del Partido Demócrata, le sucedió durante dos mandatos. Después, el liberal Klaus Iohannis, antiguo alcalde de Sibiu, ganó las elecciones en 2014. A finales de 2019, fue ampliamente reelegido.
Mientras los liberales dominan el panorama en las grandes y dinámicas ciudades como Bucarest, Cluj o Timișoara, el PSD conserva un fuerte dominio en el campo y las pequeñas ciudades, donde conserva influencia sobre la asignación de ayudas y empleos. Ha ganado la mayoría de las elecciones legislativas, a menudo con un alto índice de abstención.
La Constitución de 1991, inspirada en laV República francesa, confiere prerrogativas limitadas al Presidente, elegido por sufragio universal para un mandato de cinco años. El poder ejecutivo lo ejerce principalmente el Gobierno, mientras que el legislativo corresponde a un Parlamento bicameral (Cámara de Diputados y Senado). Este sistema semipresidencialista ha dado lugar a diversas cohabitaciones, a veces tormentosas.
Los últimos años, en particular, han sido turbulentos, marcados por numerosos escándalos de corrupción y, como reacción, por una oleada de protestas públicas de una magnitud nunca vista desde la Revolución. Durante su primer mandato, Klaus Iohannis fue testigo de la sucesión de seis primeros ministros. Victor Ponta (PSD) dimitió en 2015, tras su imputación en un escándalo de corrupción y el incendio de la discoteca Colectiv de Bucarest el 30 de octubre de 2015, en el que murieron 64 personas. La tragedia, que reveló los privilegios de los que disfrutaban los jefes del club, fue el punto de partida de las protestas públicas contra la corrupción y la mala gobernanza.
El ex comisario europeo de Agricultura, Dacian Cioloș, recibió entonces el encargo de formar un gobierno de tecnócratas, hasta las elecciones legislativas de 2016, que volvió a ganar el PSD. El partido liderado por Liviu Dragnea, envuelto a su vez en varios escándalos, lanzó entonces una gran ofensiva para relajar la legislación anticorrupción, lo que desencadenó nuevas manifestaciones. Estas desembocaron en la dimisión del jefe del Gobierno, Sorin Grindeanu, destituido por su propia mayoría en 2017. Le sucedió brevemente Mihai Tudose, que fue sustituido a principios de 2018 por Viorica Dăncilă, la primera mujer en ocupar el cargo. Volvió a las andadas, liderando reformas muy polémicas, denunciadas por la UE, contra la independencia del poder judicial. Su gobierno fue derrocado en octubre de 2019. Como candidata presidencial, obtuvo un resultado lamentable en la segunda vuelta, el más bajo de la historia para el PSD. Fue sustituida por el liberal Ludovic Orban, apoyado por una mayoría corta y heterogénea. En cuanto a Dragnea, fue encarcelado en mayo de 2019.
Estos años turbulentos, en los que la juventud y la sociedad civil se movilizaron con fuerza, vieron surgir nuevas fuerzas políticas: la Unión Salvemos Rumanía (USR) y el Partido PLUS, lanzado por Dacian Cioloș. De hecho, la USR obtuvo su primera gran victoria en 2020, cuando Nicușor Dan, fundador del partido, ganó la alcaldía de Bucarest. Pero el avance más espectacular hay que atribuírselo al partido de extrema derecha AUR ("Oro" en rumano), que podría entrar en el Gobierno en un futuro próximo.
El año 2024 promete ser crucial para el futuro de Rumanía, tanto internamente como en Europa, ya que marcará la celebración de elecciones presidenciales, parlamentarias, locales y europeas.
Los fantasmas del comunismo
El régimen comunista rumano fue una de las dictaduras más duras de Europa del Este: según el Memorial de Sighet a las Víctimas del Comunismo, más de 600.000 personas fueron encarceladas por motivos políticos. Estos prisioneros sufrieron torturas, tratos crueles, trabajos forzados y todo tipo de privaciones, sobre todo en las décadas de 1950 y 1960. La Securitate, la policía política, había desplegado una extensa red de informadores para vigilar a toda la sociedad y reprimir la más mínima disidencia, sembrando el miedo, la desconfianza y la delación incluso en el seno de las familias.
Sin embargo, aparte de Ceaușescu y su esposa, juzgados sumariamente y ejecutados el 25 de diciembre de 1989, muy pocos de los responsables fueron interrogados. Esto se debió a que no existía ninguna ley que excluyera a los antiguos apparatchiks, sino todo lo contrario: maestros de la transición, se reconvirtieron rápidamente a la política y los negocios. Algunos altos dignatarios fueron condenados en los años noventa, pero sólo por su papel en la represión de la Revolución, y rápidamente puestos en libertad. Hubo que esperar un cuarto de siglo para que se juzgaran los crímenes cometidos durante los cuarenta años de comunismo: en 2014 y 2015, dos torturadores, jefes de penitenciarías y campos de trabajo en los años cincuenta y sesenta, fueron condenados a veinte años de cárcel. Otro juicio emblemático, abierto a finales de 2019: el expresidente Iliescu está siendo juzgado por "crímenes contra la humanidad". Debe responder por la muerte de más de 800 personas en los días posteriores a la caída de Ceaușescu. Se le acusa de haber organizado el terror para consolidarse en el poder.
Las instituciones encargadas de examinar el periodo comunista se crearon tarde: el Consejo Nacional para el Estudio de los Archivos de la Securitate, creado en 1999, no funcionó correctamente hasta mediados de la década de 2000, lo que dejó mucho tiempo para clasificar estos archivos y destruir los más comprometedores. El Instituto para la Investigación de los Crímenes del Comunismo y la Memoria del Exilio Rumano (IICCMER), creado en 2005, ha emprendido una importante tarea de investigación y memoria.
En 2006, el Presidente Băsescu condenó oficialmente el comunismo en un discurso ante el Parlamento. Pero la labor de memoria sigue incompleta. Aparte de las iniciativas de la sociedad civil, como el Memorial de la Revolución de Timișoara y el Memorial de Sighet, todavía no se ha creado ninguna institución pública para contar la historia de este pasado, aunque se está estudiando un proyecto de museo en Bucarest.
Corrupción: la gran batalla
Es uno de los males más profundos del país: la corrupción impregna toda la sociedad rumana. Se manifiesta en los niveles más altos, a través de la malversación de fondos públicos, los conflictos de intereses y otros abusos de poder. Pero también afecta a los ciudadanos en su vida cotidiana, ya que se les invita a pagar la șpaga (soborno) para obtener un tratamiento médico más rápido, un diploma, un simple trámite administrativo, un buen empleo o una multa más razonable. El índice de corrupción percibida, calculado por la ONG Transparencia Internacional, sitúa cada año a Rumanía entre los países con peores resultados de la Unión Europea: en 2023 ocupaba el puesto 63, ligeramente mejor que Hungría, Grecia y Bulgaria. Presionada por la UE, Rumanía ha tenido que dotarse de un arsenal anticorrupción que ha permitido avances espectaculares: se han endurecido las leyes y se han creado instituciones especiales. Creada en 2002, la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA) ha desempeñado plenamente su papel, sobre todo bajo la dirección de la fiscal Laura Codruța Kövesi, entre 2013 y 2018. Miles de altos funcionarios, representantes electos locales, diputados, ministros e incluso el jefe de Gobierno Victor Ponta en 2015 han sido procesados y condenados. Codruța Kövesi se convirtió en una de las figuras más populares del país. Pero nada más volver al poder en 2017, el PSD se dedicó a relajar la legislación anticorrupción, modificar leyes, atacar la independencia del poder judicial y reñir con Codruța Kövesi, lo que culminó con su destitución en 2018. Esta política desató una oleada de protestas, ilustrando el profundo resentimiento de la población ante este fenómeno, que aún está lejos de ser erradicado. Por su parte, Codruța Kövesi dirige desde 2021 la Fiscalía Europea de Lucha contra el Fraude.
Cuestiones económicas y sociales
En 1989, al final de la era comunista, la economía se encontraba en un estado de colapso total, desequilibrada y mal adaptada a las necesidades de la población. Hiperindustrializada, nacionalizada y estrictamente planificada por el Estado, estaba muy por detrás del resto de Europa, incluidos los países del bloque del Este. Obsesionado con la autarquía, Ceaușescu se había fijado el objetivo de producirlo todo y exportar todo lo posible, para pagar la deuda externa lo antes posible, aunque ello supusiera matar de hambre a su población. En los primeros años tras la caída del comunismo, los avances fueron lentos. A partir de mediados de los noventa, se inició un amplio movimiento de privatizaciones y reformas, con el objetivo de avanzar hacia una economía de mercado y atraer a los inversores extranjeros.
Desde principios de la década de 2000, Rumanía ha recorrido un largo camino. Su PIB per cápita ha pasado del 39% de la media europea en 2006 al 78% en 2023. Impulsada por la adhesión a la UE, luego duramente golpeada por la crisis de 2008, la economía rumana volvió a crecer en 2013: en 2017 registró incluso la segunda tasa de crecimiento más alta de la UE (+6,9%), gracias al consumo de los hogares, principal motor de la actividad. El desempleo es bastante bajo (5,8% a finales de 2023) y los ingresos se han disparado: el salario medio, que aún era de solo 200 euros en 2005, alcanzará los 850 euros a finales de 2023. Esto es consecuencia de la escasez de mano de obra causada por el envejecimiento de la población y la emigración masiva. Algunas profesiones mal pagadas, como los profesores y el personal asistencial, se han beneficiado de importantes aumentos.
A pesar de los progresos realizados, Rumanía sigue siendo uno de los países más pobres de Europa. Una cuarta parte de la población sigue viviendo por debajo del umbral de pobreza. Las disparidades regionales son significativas. Ciudades como Bucarest, Sibiu, Cluj y Timișoara experimentan un verdadero auge económico. Pero las pequeñas ciudades y pueblos pasan apuros, sobre todo en zonas como Moldavia, que figura entre las regiones más pobres de la UE.
La tasa de inflación es una de las más altas de la Unión, con más del 9% en 2023. Esto supone un verdadero problema para muchos rumanos: por ejemplo, el precio de los pisos en Bucarest se ha disparado, al igual que los precios de los alimentos, sin que el nivel de vida siga el mismo ritmo. La inversión pública y las infraestructuras siguen a duras penas: en 2019, Rumanía sólo tendrá unos 800 km de autopista, y los hospitales están en mal estado. El país tiene dificultades para aprovechar plenamente los miles de millones de fondos europeos que se le han asignado.
