Un territorio frágil con recursos codiciados

"La Patagonia está destinada a ser uno de los lugares más puros del planeta. Cuando las cualidades originales del aire no sean más que un recuerdo en el resto del mundo, en la Patagonia serán una realidad cotidiana, y eso le da un valor fácil de calcular", afirma Luis Sepúlveda en su libro Nouvelles du Sud. Y es que, aunque esta región aislada pueda parecer que aún escapa a parte de un mundo que ruge, también parece estar de prestado, ya que la abundancia de sus recursos naturales atrae a empresas nacionales y extranjeras por igual. Con la demanda mundial de energía en aumento, la región se ha convertido en un mercado de primera importancia. Desde hace varias décadas, el norte de la Patagonia está plagado de pozos de gas y petróleo. Por el camino, Argentina se ha convertido en el primer productor de gas natural de América Latina, con una producción que alcanzará unos 139 millones de metros cúbicos al día (m³/d) en 2023. En Chile, la pesca es un negocio floreciente: el país ocupael 5º puesto mundial con 5 millones de toneladas anuales. Es el segundo productor mundial de salmón después de Noruega: las ventas exteriores de salmón se han disparado desde la década de 2010, representando casi 775.000 toneladas y más de 6.500 millones de dólares en 2023. Unos 2.400 centros de acuicultura producen más del 90% de la producción del país. Sin embargo, la explotación de las aguas repletas de peces por la industria está generando una contaminación sin precedentes, y los pescadores artesanales, incapaces de competir con la pesca industrial, ya ni siquiera se alimentan de marisco: las algas tóxicas envenenan la fauna y la flora, mientras que el salmón causa estragos hasta en el Pacífico. La riqueza natural del país ha sido malversada por diversas políticas económicas, que casi lo han perjudicado: durante la crisis de 2001, el gobierno argentino llegó a estudiar la posibilidad de ceder la Patagonia a Estados Unidos a cambio de cancelar la enorme deuda que había contraído con el Fondo Monetario Internacional (¡!)

El problema ecológico

Contaminación masiva, explotación del suelo y desastres ecológicos: los paisajes de la Patagonia han sido desfigurados por las mayores empresas del mundo que se han instalado en la región en las últimas décadas. Entre proyectos de presas hidroeléctricas, parques nacionales y explotaciones mineras, todos los grandes nombres del sector están presentes en este inmenso territorio: Total, YPF, Tecpetrol, Chevron, Exxon... Y a pesar de la intervención de diversas asociaciones y ONG, que denuncian un desprecio por las normas medioambientales y los derechos de los pueblos indígenas, la industria petrolera opera sin ningún control. Sin ir más lejos, en septiembre de 2024, en el enorme yacimiento de shale gas de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, Greenpeace alertó del mal funcionamiento de esta plataforma, inaugurada en 2010 en territorio mapuche. El gobierno ya recibió dos advertencias de la ONU, pero lamentablemente se modifican los decretos ambientales para beneficiar a las empresas. En marzo de 2019, a pesar de los planes para una red de parques nacionales en la Patagonia, se emitieron autorizaciones para concesiones mineras en la Patagonia chilena, en particular para el proyecto minero Los Domos, que comprende 19 plataformas de perforación y 12 concesiones mineras. ¿Cuál es el resultado? El proyecto minero ha recortado 5.000 hectáreas del parque nacional propuesto. Por último, en julio de 2019, se produjo un grave incidente en las instalaciones de uno de los principales grupos mineros del país, Pacific Steels Company. La Armada chilena fue movilizada después de que 40.000 litros de diésel se derramaran en el mar frente a la isla Guarello, conocida por sus aguas prístinas y su ecosistema marino. Las autoridades reaccionaron inmediatamente y los daños fueron limitados: 1/3 del agua impregnada de petróleo se recuperó durante una importante operación de limpieza.

¡Patagonia ya no está a la venta!

En este contexto chocan dos visiones opuestas del uso de los recursos naturales: la de la explotación y la de la conservación de los espacios naturales. Estas últimas sólo reciben una ínfima parte de los presupuestos chilenos y argentinos, que luchan por garantizar su gestión y desarrollo. Como consecuencia de las numerosas indiferencias gubernamentales ante los graves impactos medioambientales y sociales, varias iniciativas privadas se han embarcado en proyectos colosales para garantizar la protección de estas zonas salvajes. En Chile, se crearon tres parques nacionales en 2017 tras la donación de más de 400.000 hectáreas de terreno por parte de la Fundación Tompkins. En Argentina, a pesar de las presiones de las empresas mineras, una ley aprobada en 2010 promete preservar de toda actividad humana las zonas preglaciares, que actualmente representan el 10% de las reservas de agua dulce glaciar del planeta.

La larga lucha de los mapuches

Antes de la llegada de los españoles, su territorio abarcaba 100.000 kilómetros cuadrados: hoy viven en el 5% de su territorio original. Perseguidos bajo el régimen de Pinochet en Chile y expulsados progresivamente de todas sus tierras, los mapuches se organizan ahora para recuperar el uso y la propiedad de sus territorios. Una de sus "pequeñas victorias": desde 1994, la Constitución argentina reconoce los derechos de los pueblos indígenas, en particular el derecho al bilingüismo y a órganos representativos. En Chile, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2014 subrayó que los procesos penales que invocan leyes antiterroristas contra comunidades indígenas que protegen sus tierras ancestrales son ahora ilegales. En los últimos años, una serie de sucesos extremadamente violentos han provocado la muerte de muchos mapuches que reclamaban la devolución de sus tierras, convertidas prácticamente en un erial. Sin embargo, el anterior gobierno de Michelle Bachelet, con la ayuda de la Iglesia, se ha esforzado por devolver la mayor cantidad posible de tierras (66.000 hectáreas en total) y en 2016 organizó una comisión especial dedicada a la cuestión mapuche. Esta concluyó con una petición de perdón de los mapuches por los horrores cometidos en los últimos siglos.

Por parte argentina, el país quedó profundamente dividido en 2017 cuando un joven activista medioambiental llamado Santiago Maldonado desapareció mientras participaba en una manifestación de la comunidad mapuche contra la empresa Benetton, propietaria de 900.000 hectáreas de tierra, parte de las cuales reclaman los mapuches. Aunque el gobierno afirmó que la policía militar, que había reprimido la manifestación, no era responsable, el cuerpo de Santiago fue encontrado sin vida en un río. Este macabro hallazgo aumentó la ira de activistas y simpatizantes de Cristina Kirchner -la opositora número uno del entonces presidente Mauricio Macri-, que compararon la desaparición con los métodos de la dictadura militar. 2017 fue realmente un año de crisis entre el gobierno argentino y la comunidad mapuche, con el asesinato del joven indígena Rafael Nahuel. Él y su familia reclamaban el derecho a asentarse en la región del lago Mascardi, cerca de Bariloche, una zona rica en minerales e hidrocarburos y parte del parque nacional Nahuel Huapi. El conflicto se ha prolongado desde entonces, con una sucesión de ocupaciones de tierras, desalojos, manifestaciones y violencia por ambas partes, y parece no tener fin a la vista. Aunque el anterior gobierno de Alberto Fernández había concedido ciertas parcelas de tierra a los mapuches de la comunidad Lafken Winkul Mapu, el ministro de Justicia del nuevo gobierno de Milei invalidó este acuerdo y ordenó el desalojo de los ocupantes, argumentando que "no se negocia con terroristas".

En Chile, la ley antiterrorista otorga poderes especiales a las fuerzas del orden, que ejercen un control permanente y una represión sistemática sobre la población. Estrechamente vigilados por el Estado chileno, los mapuches se han vuelto desconfiados y no dudan en actuar clandestinamente. Como consecuencia, grupos minoritarios mapuches se han encontrado entre rejas, tras haber incendiado empresas madereras y edificios religiosos (en 2017 se produjeron 43 ataques incendiarios en la Araucanía). En 2018 y 2019, la resistencia mapuche se radicalizó: continuaron las acciones de sabotaje vinculadas a reivindicaciones territoriales contra empresas privadas. Las consecuencias no fueron en vano: la región dejó paulatinamente de recibir capitales extranjeros. Ante la caída de las inversiones, el presidente Piñera dijo querer "restablecer el orden frente a estos actos terroristas". Sin embargo, esta no es la opinión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que condenó a Chile en 2013 por el uso injustificado del término "terrorismo" en el conflicto mapuche y reconoció la legitimidad de la protesta social mapuche. Como resultado, la intervención policial de mano dura en comunidades aisladas va en aumento. Poco comprendida por la nación chilena, la situación parece haber llegado a un punto muerto: cuanto más intensifican las autoridades su represión policial y judicial, más se radicalizan los líderes mapuches.

Cuestiones políticas y sociales

Inestable desde la llegada de los conquistadores, el clima político y social tanto en Chile como en Argentina se ha vuelto eléctrico a lo largo de 2019. En dos países extremadamente desiguales, donde el importante crecimiento económico no ha logrado restablecer la igualdad social, el neoliberalismo parece ser el denominador común de todas estas tensiones. Sin embargo, es importante analizar las situaciones singulares de cada uno de estos dos países.

Presentado como poseedor de una de las economías más envidiables del continente americano, Chile se enfrentó a una explosión social tan vívida como inesperada tras el anuncio del aumento de las tarifas del metro el 18 de octubre de 2019. El anuncio fue uno de más, lo que llevó a los ciudadanos a reunirse en las calles para manifestarse y desafiar las reformas puestas en marcha por el ex presidente Piñera. Aunque política y económicamente estable (crecimiento del PIB del 3,5% en 2019), Chile es uno de esos países en los que la riqueza está en manos de una minoría especialmente adinerada: el 1% de los más ricos del país posee algo más de la cuarta parte del PIB nacional, mientras que 1/4 de los chilenos vive por debajo del umbral de la pobreza. Y aunque la pobreza ha disminuido en los últimos 30 años, la brecha no se está cerrando lo suficientemente rápido, ya que Chile es el país de la OCDE más desigual en términos de ingresos, con un salario mínimo de sólo 370 euros. Esta mala distribución de la riqueza, resultado de políticas ultraliberales que se remontan a la dictadura, ha despertado la cólera de los chilenos, decididos a exigir justicia social. Paralizado por numerosas huelgas y manifestaciones masivas que reunieron hasta un millón de personas en la capital, el país se enfrentó a un movimiento social sin precedentes, galvanizado por el regreso de las fuerzas armadas a las calles: una primicia desde la dictadura de Pinochet. Tras anunciar el estado de excepción y afirmar torpemente que el país estaba "en guerra", el ex presidente Piñera se sentó a la mesa de negociaciones para proponer nuevas medidas capaces de calmar el descontento. A pesar de las concesiones del Presidente, el país coordinó una huelga general el 12 de noviembre de 2019. En Santiago, en particular, hubo violencia extrema y enfrentamientos entre las fuerzas del orden y el pueblo, frustrado durante décadas por la austeridad. Tras una primera reacción brutal del gobierno (restablecimiento del toque de queda por primera vez desde 1987 y el ejército en las calles), el ex presidente Piñera se fue abriendo a una serie de respuestas graduales. Al anuncio del abandono de un cierto número de reformas y medidas económicas y a la remodelación del gabinete siguió el anuncio de un aumento del 20% de las pensiones mínimas.

Más allá de las concesiones adoptadas como consecuencia del urgente movimiento social, el verdadero desafío del gobierno parece ser el de reconstruir el tejido social tan esperado y anhelado por el pueblo chileno. Hay que recordar que las carencias del país provienen en parte de la actual Constitución, que data de la dictadura. La sanidad, la educación, las pensiones, el medio ambiente, los derechos de los pueblos indígenas, el acceso al agua... los debates sobre el sistema de privatizaciones son tormentosos. Parece que la verdadera transición democrática y social sólo podrá tener lugar cuando se haya votado y puesto en marcha una nueva Constitución que rompa de una vez por todas con el modelo autoritario neoliberal heredado de Pinochet. Un año después del levantamiento popular, el 25 de octubre de 2020, decenas de miles de chilenos celebraron en las calles de la capital el resultado del referéndum sobre el proyecto de nueva Constitución aprobado por casi el 79% de los votos. Los días 15 y 16 de mayo de 2021, los chilenos fueron llamados de nuevo a las urnas para elegir a los 155 ciudadanos encargados de redactar la nueva Constitución. Esta votación histórica dotó al país de una institución representativa de la sociedad (con 17 escaños reservados para las naciones indígenas y un mecanismo de paridad de género). Tras el rechazo en referéndum del proyecto de Constitución en septiembre de 2022, se celebraron nuevas elecciones constituyentes para elegir una asamblea encargada de redactar una nueva versión. Y fue el Partido Republicano del conservador José Antonio Kast, ferviente opositor al gobierno de Boric y a la redacción de una nueva Constitución, el que obtuvo la mayoría de los votos. Sumando los votos obtenidos por el partido Chile Vamos, una coalición de tres partidos de derecha también a favor del texto actual, la Presidenta y la Alianza de Izquierda fueron derrotadas. El epílogo de este intento constitucional llegó a finales de 2023, cuando la nueva Constitución, más conservadora, volvió a ser rechazada en referéndum. Así que la antigua, heredada de Pinochet, siguió en vigor.

Porsu parte, Argentina, auténtico péndulo económico y político, no parece salir de la crisis que atraviesa desde hace casi veinte años. El 10 de diciembre de 2019, el presidente neoliberal Mauricio Macri dio paso a Alberto Fernández, heredero de centro-izquierda del kirchnerismo. Argentina lleva más de un año en recesión, con una inflación superior al 37%, y asiste al regreso del peronismo. Creado en los años 40 en torno a la figura de Juan Perón, el peronismo encarna el deseo de justicia social en un país cada vez más desigual. Frente a una situación económica catastrófica y una política social en ruinas, los objetivos del nuevo presidente son considerables. En 2018, el FMI concedió el mayor préstamo de su historia, por valor de 57.000 millones de dólares. A principios de 2022, tras la aprobación de un acuerdo para renegociar la deuda argentina de 44.000 millones de dólares, el FMI reconoció que el préstamo concedido en 2018 era insostenible. La eterna crisis de la deuda argentina continúa junto a las dificultades económicas que siguen aumentando, con una inflación que alcanzará más del 100% en 2022 (casi un 7% de aumento de precios al mes).

En este contexto, el alborotador Javier Milei, a veces apodado el "Trump de las pampas", fue elegido Presidente de la República, blandiendo su motosierra y prometiendo realizar recortes presupuestarios sin precedentes para sanear las finanzas de la nación. Su programa es ultraliberal: recortes drásticos del gasto público y de los impuestos, desregulación y dolarización de la economía.