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Acabar con la violencia y el narcotráfico

Los acuerdos de paz de 2016 solo se firmaron con las FARC. El ELN -la mayor guerrilla de Colombia desde los acuerdos de paz- sigue activo en 9 de los 32 departamentos del país, con ambiciones más criminales que ideológicas. Lejos de emprender acciones conjuntas, el ELN y las disidencias de las FARC (miembros de la ex guerrilla que no aceptaron los acuerdos de paz, más los nuevos reclutas, un total de 5.200 combatientes en 2022) se enfrentan en zonas sin ley por el control de los territorios dejados vacantes por las desmovilizadas FARC. Tanto guerrilleros como paramilitares están implicados en un amplio abanico de actividades delictivas, como la extorsión, el secuestro, la minería ilegal, el contrabando de petróleo, la producción y el tráfico de drogas, y el control de lastrochas fronterizas que utilizan los emigrantes venezolanos para entrar en Colombia. Como siempre, las principales víctimas son la población civil, atrapada entre la guerrilla y el ejército regular, que también tiene que hacer frente a las amenazas de los paramilitares de extrema derecha y los narcotraficantes. Los excombatientes de las FARC que han dejado las armas son especialmente objeto de asesinatos (300 según la ONU entre 2016 y 2021), al igual que los miembros desmovilizados del M-19 y de las FARC en los años ochenta y noventa. Lo mismo ocurre con los líderes sociales, los representantes de organizaciones sociales, de derechos humanos y medioambientales, así como con las comunidades afrocolombianas e indígenas. En total, al menos 180 defensores de los derechos humanos fueron asesinados en 2023. Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para los activistas, y el más peligroso para los activistas medioambientales. En total, hubo más de 700 "asesinatos selectivos" de líderes sociales y activistas entre 2016 y 2019. Una de las principales razones es el incumplimiento de los acuerdos de paz por parte del Gobierno de Iván Duque, que no ha tomado las zonas abandonadas por las FARC. Se han creado pocos programas de reinserción para excombatientes y, hasta 2022, la lucha contra el narcotráfico y los cultivos ilícitos fue un fracaso total. La producción de coca sigue siendo más rentable que cualquier otro cultivo agrícola y está en constante aumento, lo que convierte a Colombia en el primer productor mundial de cocaína. La mayor parte del cultivo de coca se concentra en los departamentos de Norte de Santander, Putumayo, Cauca y Nariño, cerca de las porosas fronteras con Venezuela y Ecuador. Alrededor de 230.000 familias viven de la recolección de la hoja de coca y de la fabricación de la pasta base que luego se utiliza para producir cocaína en laboratorios clandestinos.

Reducir la pobreza y la desigualdad

En laeconomía de América Latina, casi el 40% de la población vivirá en la pobreza extrema (menos de 1,90 dólares al día) en 2021. Aunque la proporción de colombianos que viven en la pobreza ha descendido al 39,3% en 2021, frente al 42,5% en 2020, la clase media sólo representaba el 25% de la población en 2020, frente al 30% el año anterior... El impacto de la pandemia ha afectado especialmente a las pequeñas empresas y a los trabajadores informales (56% del empleo total, excluida la agricultura), acentuando las desigualdades, ya muy elevadas, entre ricos y pobres. Colombia es uno de los diez países más desiguales del mundo y el primero de los 37 países de la OCDE. A esto hay que añadir la depreciación del peso colombiano frente al dólar estadounidense (14,4% en 2021), que está disparando el coste de los alimentos básicos.

Gestión de los flujos migratorios

Colombia ha sido durante mucho tiempo un país de emigración. En los últimos diez años, también se ha convertido en uno de los países más acogedores del mundo para refugiados y emigrantes. En 2022 habrá casi 2,4 millones de venezolanos en Colombia, lo que representa el 4% de la población del país. El país, que ya tiene que lidiar con el complejo problema de sus refugiados internos -decenas de miles de colombianos desplazados en su propio país cada año a causa de la violencia y las amenazas de los grupos armados-, debe hacer frente a esta afluencia masiva de personas procedentes del país vecino. Estas familias venezolanas, que a menudo llegan tras semanas de caminata, sobreviven mendigando o haciendo trabajos mal pagados mientras esperan un visado. A menudo caen bajo la influencia de las mafias (trata, prostitución, atracos, etc.) y sufren cada vez más xenofobia. Para permitirles trabajar legalmente y beneficiarse de la asistencia sanitaria, Colombia instauró en febrero de 2021 un permiso temporal que ofrece un estatuto jurídico de protección a los migrantes venezolanos durante diez años. Colombia también es objeto del paso de miles de migrantes haitianos, cubanos, asiáticos y africanos (55.000 personas en 2021) que desean viajar a Panamá y luego a Estados Unidos. A menudo pasan semanas varados en la frontera o en el cercano puerto de Necoclí, a la espera de cruzar la temida selva del Darién.

Lucha contra la corrupción

La corrupción es una de las mayores lacras del país. Presente en la justicia, la policía y la política, se calcula que representa el 4% del PIB anual y afecta a las políticas sociales, sobre todo en sanidad y educación. En 1995, el asunto Samper sacudió el país. La campaña electoral del Presidente había sido financiada por el cartel de Cali. Más recientemente, fue Odebrecht quien pagó 27 millones de dólares en sobornos por la adjudicación de contratos públicos en Colombia. El gigante brasileño de la construcción habría financiado a varios partidos políticos durante la campaña de 2014, incluida la del presidente Santos. En 2017, un nuevo caso: el número 1 de la lucha contra la corrupción, Luis Gustavo Moreno, fue capturado por su propio departamento, por un sobre de 10.000 dólares recibido por un exgobernador acusado de corrupción.... Los escándalos son noticia todos los días. Incluso, en 2018 se organizó una consulta popular, iniciativa ciudadana prevista en la Constitución de 1991, para obligar a los parlamentarios a tomar medidas más efectivas contra la corrupción. No logró (apenas) el quórum de votantes necesario. Los políticos "tomaron nota" de las expectativas de los ciudadanos, aparentemente sin ningún cambio notable...

La reforma de la policía

Desde 2019, esta ha sido una de las principales reivindicaciones de las grandes movilizaciones sociales. Las fuerzas policiales dependen del Ministerio de Defensa y no están capacitadas para hacer frente a manifestaciones pacíficas. El Gobierno a menudo no ve más que "vándalos" y "terroristas" cuando se enfrenta a lo que suelen ser marchas artísticas y festivas (de estudiantes, madres, ancianos, etc.). La unidad antidisturbios(Esmad) utiliza cañones de agua y gases lacrimógenos, pero a veces también armas letales, como si se enfrentara a guerrilleros o narcos en la selva. La violencia engendra violencia, y la situación se recrudece, culminando en la tragedia del Paro Nacional, con decenas de muertos o desaparecidos, y centenares de heridos, muchos de ellos con lesiones oculares irreversibles. Naciones Unidas, entre otros organismos, ha denunciado el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de la policía. También existe un problema recurrente de impunidad para la policía y los militares, que están sujetos a la justicia militar y no a los tribunales ordinarios. Una de las medidas del presidente Gustavo Petro es la reforma integral de la policía, fruto de un proceso coordinado de participación y discusión.

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Hacer del turismo el nuevo motor de la economía

El número de visitantes se ha disparado en los últimos años (4,5 millones de turistas internacionales en 2019, frente a los 2,6 millones de 2010), convirtiéndose en la segunda fuente de divisas del país tras el petróleo (40% de las exportaciones). La pandemia ha paralizado el sector, pero los agentes del turismo siguen siendo optimistas y creen que la actividad se recuperará a principios de 2022. El potencial es enorme y los sucesivos gobiernos lo han entendido, apostando por este sector generador de empleo, inversiones y oportunidades, en un momento en que los recursos petrolíferos deberían agotarse en pocos años, aunque los proyectos de fracking (fracturación hidráulica) se pongan regularmente sobre la mesa, para gran disgusto de los ecologistas.