Política: lo viejo frente a lo nuevo

Desde la caída del comunismo, el país ha sido gobernado alternativamente por sus herederos, reunidos en el Partido Socialdemócrata (PSD), y por los liberales: el ex comunista Ion Iliescu ganó las dos primeras elecciones presidenciales, celebradas en 1990 y 1992. Derrotado en 1996 por el democristiano Emil Constantinescu, recuperó la presidencia de 2000 a 2004. El alcalde de Bucarest, Traian Băsescu, del Partido Demócrata, le sucedió durante dos mandatos. Después, el liberal Klaus Iohannis, antiguo alcalde de Sibiu, ganó las elecciones en 2014 y fue reelegido por amplia mayoría a finales de 2019.

Mientras que los liberales dominan en las grandes ciudades como Bucarest, Cluj o Timișoara, el PSD mantiene un fuerte dominio en el campo y las pequeñas ciudades, donde aún influye sobre la asignación de ayudas y empleos. Ha ganado la mayoría de las elecciones legislativas, a menudo gracias a un alto índice de abstención.

La Constitución de 1991, inspirada en la V República francesa, confiere prerrogativas limitadas al presidente, elegido por sufragio universal para un mandato de cinco años. El poder ejecutivo lo ejerce principalmente el gobierno, mientras que el legislativo corresponde a un parlamento bicameral (Cámara de diputados y Senado). Este sistema semipresidencialista ha dado lugar a diversas cohabitaciones, a veces turbulentas; la última en 2021.

Los últimos años, en particular, han sido agitados y han estado marcados por numerosos escándalos de corrupción y, como reacción, por una oleada de protestas públicas de una magnitud nunca vista desde la Revolución. Durante su primer mandato, Klaus Iohannis fue testigo de la sucesión de seis primeros ministros. Victor Ponta (PSD) dimitió en 2015 tras su imputación en un escándalo de corrupción y el incendio de la discoteca Colectiv de Bucarest el 30 de octubre de 2015, en el que murieron 64 personas. La tragedia, que reveló los privilegios de los que disfrutaban los dueños del club, marcó el inicio de las protestas públicas contra la corrupción y la mala gestión.

El ex comisario europeo de Agricultura, Dacian Cioloș, recibió entonces el encargo de formar un gobierno de tecnócratas hasta las elecciones legislativas de 2016, que volvió a ganar el PSD. El partido liderado por Liviu Dragnea, envuelto a su vez en varios escándalos, lanzó entonces una gran ofensiva para relajar la legislación anticorrupción, lo que desencadenó nuevas manifestaciones. Estas desembocaron en la dimisión del jefe del gobierno, Sorin Grindeanu, destituido por su propia mayoría en 2017. Le sucedió brevemente Mihai Tudose, que fue reelevado a principios de 2018 por Viorica Dăncilă, la primera mujer en ocupar este cargo. Volvió a las andadas, llevando a cabo reformas muy controvertidas, denunciadas por la UE, contra la independencia del poder judicial. Su gobierno fue derrocado en octubre de 2019. Como candidata presidencial, obtuvo un resultado lamentable en la segunda vuelta, el más bajo de la historia para el PSD. Fue sustituida por el liberal Ludovic Orban, apoyado por una mayoría corta y heterogénea. En cuanto a Dragnea, fue encarcelado en mayo de 2019. El nuevo gobierno no ha dejado de nombrar y destituir a sus primeros ministros. De hecho, actualmente, los socialdemócratas y los liberales se turnan en el poder.

Estos años convulsos, en los que la juventud y la sociedad civil se han movilizado con fuerza, han visto surgir nuevas fuerzas políticas: la Unión Salvar Rumanía (USR) y el Partido PLUS, lanzado por Dacian Cioloș. De hecho, la USR obtuvo su primera gran victoria en 2020, cuando Nicușor Dan, fundador del partido, se hizo con la alcaldía de Bucarest.
Pero el avance más espectacular hay que atribuírselo al partido de extrema derecha AUR («Oro» en rumano), que podría entrar en el Gobierno en un futuro próximo. El año 2024 promete ser crucial para el futuro de Rumanía, tanto internamente como en Europa, ya que se celebran elecciones presidenciales, parlamentarias, locales y europeas. En las últimas, el triunfador fue el PSD, pero en segundo lugar quedó el AUR, sumándose a la deriva ultra que domina Europa.

Los fantasmas del comunismo

El régimen comunista rumano fue una de las dictaduras más duras de Europa del Este: según el Memorial de las Víctimas del Comunismo y de la Resistencia, más de 600.000 personas fueron encarceladas por motivos políticos. Estos prisioneros sufrieron torturas, tratos crueles, trabajos forzados y todo tipo de privaciones, sobre todo en las décadas de 1950 y 1960. La Securitate, la policía política, había desplegado una red tentacular de informantes para vigilar a toda la sociedad y reprimir la más mínima disidencia, sembrando el miedo, la desconfianza y la delación incluso en el seno de las familias.

Sin embargo, aparte de Ceaușescu y su esposa, juzgados sumariamente y ejecutados el 25 de diciembre de 1989, muy pocos responsables fueron procesados. Esto se debió a que no existía ninguna ley que excluyera a los antiguos apparatchiks, sino todo lo contrario: maestros de la transición, se reconvirtieron rápidamente a la política y los negocios. Algunos altos dignatarios fueron condenados en los años 1990, pero solo por su papel en la represión de la Revolución, y luego rápidamente liberados. Hubo que esperar un cuarto de siglo para que se juzgaran los crímenes cometidos durante los cuarenta años de comunismo: en 2014 y 2015, dos torturadores, jefes de penitenciarías y campos de trabajo en los años 1950 y 1960, fueron condenados a veinte años de cárcel. A finales de 2019 se abrió otro juicio emblemático contra el expresidente Iliescu, acusado de crímenes contra la humanidad. Debía responder por la muerte de más de ochocientas personas en los días posteriores a la caída de Ceaușescu. Se le acusaba de haber organizado el terror para consolidarse en el poder. Cinco años después, y ya con 94 años, la acusación ha pasado a la justicia militar.

Las instituciones encargadas de examinar el periodo comunista se crearon tarde: el Consejo Nacional para el Estudio de los Archivos de la Securitate, creado en 1999, no funcionó correctamente hasta mediados de la década de 2000, lo que dejó mucho tiempo para clasificar estos archivos y destruir los más comprometedores. El Instituto para la Investigación de los Crímenes del Comunismo y la Memoria del Exilio Rumano (IICCMER), creado en 2005, ha emprendido una importante tarea de investigación y memoria.

En 2006, el Presidente Băsescu condenó oficialmente el comunismo en un discurso ante el Parlamento. Pero la labor de memoria sigue incompleta. Aparte de las iniciativas de la sociedad civil, como el Memorial de la Revolución de Timișoara y el Memorial de las Víctimas del Comunismo de Sighet, todavía no se ha creado ninguna institución pública para contar la historia de este pasado, aunque se está estudiando un proyecto de museo en Bucarest.

La gran batalla de la corrupción

Es uno de los males más profundos que sufre el país: la corrupción impregna toda la sociedad rumana. Se manifiesta al más alto nivel mediante la malversación de fondos públicos, los conflictos de intereses y otros abusos de poder. Pero también afecta a los ciudadanos en su vida cotidiana, ya que se les invita a pagar la șpaga (soborno) para obtener un tratamiento médico más rápido, un diploma, un simple trámite administrativo, un buen empleo o una multa más razonable. El índice de corrupción percibida, calculado por la ONG Transparencia Internacional, sitúa cada año a Rumanía entre los países con peores resultados de la Unión Europea: en 2023 ocupaba el puesto 63, ligeramente mejor que Hungría, Grecia y Bulgaria.

Presionada por la UE, Rumanía ha tenido que dotarse de un arsenal anticorrupción que ha permitido avances espectaculares: se han endurecido las leyes y se han creado instituciones especiales. Creada en 2002, la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA) ha cumplido plenamente su papel, sobre todo bajo la dirección de la fiscal Laura Codruța Kövesi, entre 2013 y 2018. Miles de altos funcionarios, representantes electos locales, diputados, ministros e incluso el jefe de gobierno Victor Ponta en 2015 han sido investigados y condenados. Codruța Kövesi se convirtió en una de las figuras más populares del país.

Pero desde su regreso al poder en 2017, el PSD se ha esforzado en relajar la legislación anticorrupción, modificar leyes, atacar la independencia del poder judicial y luchar contra Codruța Kövesi, que fue destituida de su cargo en 2018. Esta política desencadenó una oleada de protestas, que ilustran el profundo desencanto de la población ante este fenómeno, que aún está lejos de ser erradicado. Por su parte, Codruța Kövesi dirige desde 2021 la Fiscalía Europea de Lucha contra el Fraude.

Retos económicos y sociales

En 1989, al final de la era comunista, la economía se encontraba en un estado de colapso total, desequilibrada e inadecuada para las necesidades de la población. Hiperindustrializada, nacionalizada y estrictamente planificada por el Estado, acusaba un retraso importante con respecto al resto de Europa, incluidos los países del bloque del Este. Obsesionado con la autarquía, Ceaușescu se había propuesto producirlo todo y exportar todo lo posible para pagar cuanto antes la deuda externa, aunque ello supusiera matar de hambre a su población. En los primeros años tras la caída del comunismo, los avances fueron lentos. A partir de mediados de los años noventa, se inició un amplio movimiento de privatizaciones y reformas con el objetivo de avanzar hacia una economía de mercado y atraer a los inversores extranjeros.

Rumanía ha recorrido un largo camino desde principios de la década de 2000. Su PIB per cápita ha pasado del 39% de la media europea en 2006 al 78% en 2023. Impulsada por la adhesión a la UE, luego duramente golpeada por la crisis de 2008, la economía rumana volvió a crecer en 2013: en 2017 registró incluso la segunda tasa de crecimiento más alta de la UE (+6,9%), gracias al consumo de los hogares, principal motor de la actividad. El desempleo es bastante bajo (5,8% a finales de 2023) y los ingresos se han disparado: el salario medio, que aún era de solo 200 euros en 2005, alcanzó los 850 euros a finales de 2023. Esto es consecuencia de la escasez de mano de obra causada por el envejecimiento de la población y la emigración masiva. Algunas profesiones mal pagadas, como los profesores y el personal asistencial, se han beneficiado de importantes aumentos.

A pesar de los progresos realizados, Rumanía sigue siendo uno de los países más pobres de Europa. Una cuarta parte de la población sigue viviendo por debajo del umbral de pobreza. Las disparidades regionales son significativas. Ciudades como Bucarest, Sibiu, Cluj y Timișoara experimentan un verdadero auge económico. Pero las pequeñas ciudades y pueblos pasan apuros, sobre todo en zonas como Moldavia, que figura entre las regiones más pobres de la UE.

La tasa de inflación es una de las más altas de la Unión, superior al 9% en 2023. Esto supone un verdadero problema para muchos rumanos: por ejemplo, el precio de los pisos en Bucarest se ha disparado, al igual que los de los alimentos, sin que el nivel de vida haya seguido el mismo ritmo. La inversión pública y las infraestructuras siguen siendo deficientes: en 2019, Rumanía solo tenía unos 800 km de autopistas, y los hospitales siguen en mal estado. El país tiene dificultades para aprovechar plenamente los miles de millones de fondos europeos que se le asignan.