Una monarquía todopoderosa

Situado entre Arabia Saudí y Qatar, Bahréin es el más pequeño de los Estados del Golfo. Su dinastía, los Al Jalifa, descendientes de tribus suníes de Kuwait, reina sin división desde 1783. Aunque la Constitución aprobada en 2002 introdujo un Parlamento bicameral y elecciones parlamentarias por sufragio universal, los resortes esenciales del poder siguen en manos de la familia real. El rey Hamad bin Isa Al Jalifa nombra a los miembros del Consejo Consultivo, controla el ejército y designa a los principales ministros. El príncipe heredero, Salman bin Hamad, es Primer Ministro, Ministro de Defensa y Vicecomandante Supremo de las Fuerzas Armadas.

Esta concentración de poder ha alimentado durante mucho tiempo la frustración de un amplio sector de la población, mayoritariamente chií, excluido de los puestos de decisión. Las elecciones de 2002 supusieron un avance simbólico, con el nombramiento de seis mujeres, una de ellas cristiana, para el Consejo Consultivo, y una participación electoral relativamente alta. Pero desde entonces, las esperanzas de reforma democrática se han desvanecido.

La revuelta de la Perla

En febrero de 2011, tras la Primavera Árabe, miles de bahreiníes salieron a la calle para exigir reformas políticas, el fin de la discriminación y una verdadera monarquía parlamentaria. El punto de encuentro fue la Plaza de la Perla de Manama, que rápidamente se convirtió en el cuartel general del movimiento. La revuelta estuvo encabezada principalmente por chiíes, pero los suníes también participaron en un espíritu de unidad nacional.

La respuesta del régimen fue brutal: despliegue del ejército, detenciones masivas, torturas y demolición de Pearl Square, que se había convertido en un símbolo de la protesta. Apoyada por las tropas del Consejo de Cooperación del Golfo, en particular de Arabia Saudí, la monarquía aplastó la revuelta. El movimiento fue aplastado, a costa de decenas de muertos y centenares de heridos.

Ante las críticas internacionales, el rey puso en marcha una comisión de investigación independiente, presidida por un jurista egipcio. Sus conclusiones, publicadas en noviembre de 2011, reconocían abusos sistemáticos. El gobierno prometió entonces reformas: aumento del salario mínimo, control parlamentario del nombramiento del gobierno y supervisión de los servicios de seguridad. Pero pocas de las recomendaciones se aplicaron realmente.

Una oposición amordazada

Desde 2011, la escena política bahreiní se ha cerrado en gran medida. Los partidos han sido prohibidos y sustituidos por "asociaciones políticas", sin prerrogativas reales. Los principales grupos de la oposición, en particular Al-Wefaq (chií) y Waad (laico), han sido disueltos por los tribunales. Varias figuras de la oposición han sido encarceladas, entre ellas el activista de derechos humanos Nabeel Rajab, condenado en varias ocasiones por "propaganda" e "insultar a las instituciones".

Las elecciones legislativas de 2014 y 2018 fueron boicoteadas por la oposición, en un clima de desconfianza generalizada. Los candidatos independientes, a menudo próximos al gobierno, obtuvieron la mayoría de los escaños. Los medios de comunicación están estrechamente vigilados, y el periódico de la oposición Al-Wasat fue suspendido en 2017. También se vigila el uso de las redes sociales: varios internautas han sido condenados por tuits críticos con el gobierno.

Una economía en transición

Bahréin, que durante mucho tiempo dependió de sus modestas reservas de petróleo, fue el primer país del Golfo en comprender la necesidad de diversificar su economía. El sector petrolero, que aún representaba el 43% del PIB en 2010, genera ahora menos del 20%. Para compensar, Manama apuesta por los servicios, las finanzas islámicas, la tecnología y el turismo.

El centro financiero de Bahréin alberga más de 350 instituciones bancarias y financieras. El país se ha convertido en un centro regional para las finanzas islámicas, con 24 bancos especializados y casi 10.000 millones de dólares en activos gestionados. La condición de paraíso fiscal del reino y su ventajoso régimen fiscal han atraído importantes flujos de capital, sobre todo del Golfo.

El turismo es el otro gran pilar de esta estrategia. Con más de 12 millones de visitantes previstos para 2023, principalmente procedentes de Arabia Saudí, el sector disfruta de un crecimiento sostenido. El reino ha invertido masivamente en sus infraestructuras: hoteles, centros comerciales, balnearios y eventos culturales. El objetivo es hacer de Bahréin un destino de ocio y negocios. En los próximos años, el gobierno espera generar más de mil millones de dólares anuales de ingresos por turismo.

Retos persistentes

Tras esta fachada de modernidad, las divisiones sociales siguen siendo profundas. El desempleo afecta especialmente a los jóvenes chiíes, que acusan al gobierno de favoritismo hacia los suníes. El acceso a la función pública, al ejército y a los puestos de responsabilidad sigue estando en gran medida vedado para ellos. Algunos barrios chiíes, como Sitra y Diraz, son regularmente escenario de tensiones con las fuerzas de seguridad.

En cuanto a las libertades civiles, el país sigue siendo objeto de una estrecha vigilancia por parte de las organizaciones internacionales. Amnistía Internacional y Human Rights Watch denuncian periódicamente detenciones arbitrarias, juicios injustos y torturas en las cárceles. A pesar de ello, Bahréin sigue siendo un aliado estratégico de las potencias occidentales. El reino alberga laV Flota estadounidense, esencial para controlar el estrecho de Ormuz, y mantiene estrechos vínculos con el Reino Unido y Francia.

En veinte años, Bahréin ha transformado ciertamente su economía y mejorado ciertos indicadores de desarrollo humano. Pero estos avances siguen siendo frágiles mientras la reforma política no vaya acompañada de una auténtica apertura democrática. Las concesiones del gobierno parecen a menudo tácticas, destinadas a desactivar las críticas sin cuestionar la arquitectura autoritaria del régimen.

A corto plazo, la estabilidad del reino descansa sobre dos pilares: el apoyo sin fisuras de las monarquías vecinas y la relativa apatía de una población dividida, cansada de la represión. A largo plazo, Bahréin tendrá que hacer frente a sus contradicciones: conciliar crecimiento y equidad, seguridad y libertad, la minoría gobernante y la mayoría chií marginada.