Cuestiones medioambientales

En los últimos años, muchos lugares de El Salvador se han visto afectados por la contaminación causada por los numerosos problemas.

La tala de árboles es un problema que afecta a la mayor parte del país, debido a la necesidad de cocinar con leña, construir carreteras o casas. Los árboles también se utilizan para obtener madera.

Hace algún tiempo, una oleada de contaminación por plomo provocada por una empresa que fabricaba baterías planteó un grave problema. La empresa fue irresponsable en el uso de este recurso natural, ignorando las normas internacionales que deben cumplir todas las empresas que trabajan en este sector, lo que causó múltiples problemas a los residentes locales. Afortunadamente, la empresa se vio obligada a cesar sus actividades y a proporcionar a las familias una ayuda económica por los daños causados. Pero las consecuencias de esta terrible contaminación siguen sintiéndose hoy en día.

Algunas partes del país están muy afectadas por la contaminación del suelo, cuya causa principal es la mala recogida de residuos y la falta de un tratamiento adecuado para prevenir todo tipo de enfermedades y problemas.

Sin embargo, hay un rayo de esperanza: el 29 de marzo de 2017, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una ley que prohíbe la minería metálica en el país, en particular de oro, plata y plomo. La ley pretende prohibir la extracción de metales tanto a cielo abierto como subterránea. La prohibición también abarca el uso de productos químicos tóxicos como el cianuro y el mercurio. El país fue el primero del mundo en legislar en este sentido. Por desgracia, el Presidente Bukele quiere dar marcha atrás y autorizar de nuevo la minería.

Cuestiones sociales

Los problemas sociales son el principal motivo de emigración. Según una encuesta realizada en enero de 2024, el 25% de la población del país deseaba abandonar El Salvador debido a problemas económicos relacionados con el alto coste de la vida, el desempleo, los salarios muy bajos y la situación política.

Casi un tercio de la población salvadoreña, es decir, 1,87 millones de personas, vivía en la pobreza en 2022, según el informe completo de la encuesta de hogares realizada por el gobierno salvadoreño. Esto significa que para estas personas sus ingresos son insuficientes para cubrir los gastos más básicos. Esta cifra es superior a la registrada en los cuatro años anteriores.

El "presidente más guay del mundo

Joven y apoyado por la mayoría de los salvadoreños al inicio de su mandato en junio de 2019, tras la aplastante victoria de su partido en las elecciones legislativas, el presidente Nayib Bukele se arrogó plenos poderes y, bajo la excusa de la lucha contra las maras (bandas criminales), aprobó una ley de emergencia de 3 meses que sigue vigente en 2024. El régimen de excepción provocó el encarcelamiento, sin garantías judiciales, de 74.000 personas, miles de las cuales no tenían ninguna relación con las bandas, y más de 150 murieron en prisión por falta de atención médica.

Nayib Bukele fue reelegido en 2024. Para eludir la prohibición constitucional de presentarse a un segundo mandato, hizo sustituir a todos los magistrados del Tribunal Supremo nombrando a jueces afines a su causa. El Tribunal le autorizó a presentarse a la reelección en 2024, con la única condición de que dimitiera como Presidente antes del final de su primer mandato, lo que hizo el 30 de noviembre de 2023. El régimen ha eliminado todos los contrapesos y salvaguardias que sirven para garantizar el respeto de la Constitución y la ley.

Ha abolido todas las instituciones del Estado. No sólo ha concentrado el poder, sino que también ha cerrado la puerta a cualquier disidencia, a cualquier auditoría de las funciones públicas y a cualquier posibilidad de alternancia.

El primer gran acontecimiento tuvo lugar el 9 de febrero de 2020, poco antes de la pandemia, cuando Nayib Bukele, enloquecido, tomó el control de la Asamblea con el ejército, amenazando con disolverla si no aprobaba un préstamo para comprar material de seguridad. Sólo la comunidad internacional frenó esta intentona golpista.

La pandemia le permitió desobedecer las resoluciones del Tribunal Supremo de Justicia y limitar las libertades de los ciudadanos sin respetar los procedimientos de la ley. Su control sobre la población se vio compensado por la distribución de alimentos y dinero a las familias pobres, lo que aumentó su popularidad. Estos paquetes de comida también formaban parte del plan de saqueo del Estado, con alimentos comprados a precios excesivos a los amigos del presidente y vendidos en el mercado negro. El Ministro de Sanidad compró suministros a familiares y el Ministro de Agricultura malversó millones de dólares de fondos públicos. La pandemia permitió al Presidente poner a prueba la lealtad de la policía y las fuerzas armadas.

Su victoria mayoritaria en las elecciones legislativas le permitió asestar un golpe al poder judicial: los nuevos diputados destituyeron al Fiscal General y lo sustituyeron por uno de su elección; destituyeron a los magistrados de la Sala Constitucional e impusieron a sus propios jueces, sin respetar los procedimientos establecidos por la ley. La destitución del fiscal llevó al desmantelamiento de la unidad especializada que investigaba la corrupción en su gobierno. El espionaje, la vigilancia y el acoso a sus críticos se intensificaron durante este periodo, con la leal ayuda de la policía y el ejército, y gracias a potentes herramientas informáticas como Pegasus. La brutalidad de Bukele se impuso a la ley. El Estado de derecho ya no existe en El Salvador.

El país atraviesa la peor crisis financiera desde el final de la guerra, debido a la incapacidad de su gabinete, su necesidad populista de gastar para mantener su popularidad entre una población cegada, el fracaso de su apuesta por el bitcoin y el saqueo de los fondos públicos.

Primero redujo las tasas de homicidio mediante un pacto con las bandas; sus funcionarios liberaron a los jefes del crimen encarcelados. Cuando el pacto se vino abajo, aprobaron el estado de excepción y las detenciones arbitrarias.

Sólo la comunidad internacional que repudie su corrupción y su falta de respeto por la democracia, las leyes y los derechos humanos podrá impedir que el presidente elegido democráticamente se convierta en dictador en 2024.