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La lucha contra la corrupción

Según la ONG Transparencia Internacional, que publica anualmente un índice de percepción de la corrupción en 180 países, México ocupó en 2022 el puesto 126 del mundo y el último de los 38 países miembros de la OCDE. Para el 87% de los mexicanos, la policía es la institución más corrupta, seguida de los partidos políticos y el poder judicial. El Banco de México estimó en 2015 que el costo de la corrupción para las finanzas públicas (malversación, dispendio de fondos públicos, etc.) representaba el 9% del PIB, ¡o el equivalente al 80% de los recursos fiscales nacionales! La lucha contra la corrupción siempre ha sido el caballo de batalla de AMLO. Durante sus populistas conferencias de prensa matutinas (las famosas mañaneras), el presidente no deja de denunciar esta lacra que afecta a todos los estratos de la sociedad. Entre los casos recientes, tres expresidentes de la República (Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas) fueron implicados en agosto de 2020 por el exdirector de Pemex (él mismo acusado), en sobornos pagados por Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción, a cambio de obtener contratos públicos. ¿Llegarán a ser condenados? Las investigaciones continuarán sin cesar y los líderes de la oposición seguirán encontrándose en el radar de la justicia mientras AMLO siga cerca. AMLO también ha entendido claramente que para reducir la corrupción, primero hay que atacar la pobreza y la desigualdad social. Las disparidades son tales que es fácil para un delincuente sobornar a un policía para que haga desaparecer un cadáver pagándole el equivalente a unas semanas de salario.

Reducir la pobreza y la desigualdad

México se encuentra en una situación delicada desde la crisis financiera de 2008. Según el FMI, la segunda economía latinoamericana, al borde de la recesión en 2019, vio crecer su PIB en torno al 6,2% en 2021, tras caer un 8,4% debido a la pandemia. En agosto de 2022, la inflación general se aceleró hasta el 8,62%, su nivel más alto en más de veinte años. Aunque el plan de recuperación económica de México en respuesta a la crisis de Covid-19 ha sido eficaz en general, y la economía del país ha repuntado gradualmente, la pandemia ha empujado a millones de mexicanos a la pobreza. El número de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza aumentó en 3,8 millones entre 2018 y finales de 2020, hasta los 55,7 millones (el 43,9% de la población). Según el informe de febrero de 2021 del Coneval (el organismo nacional de evaluación de la pobreza), la crisis económica vinculada a Covid-19 podría empujar a 9,8 millones de personas más a la pobreza (56,7% de la población) y a 10,7 millones más a la pobreza extrema, lo que significa que más de una cuarta parte de la población no tendrá ingresos suficientes para comer todos los días (16,8% antes de la crisis). El Gobierno ha optado por una rápida descontaminación para frenar el hundimiento de la economía y la destrucción de millones de empleos. Cerca del 60% de los trabajadores mexicanos trabajan en el sector informal, ganándose la vida al día y sin cobertura social. Afortunadamente para algunas familias, las remesas (dinero transferido por la diáspora mexicana desde el extranjero, principalmente desde Estados Unidos) han amortiguado el impacto de la crisis. En 2021, alcanzaron un nivel récord de más de 51.500 millones de dólares, un aumento del 27,1% respecto a 2020, que ya había establecido un nuevo récord histórico.

¿Carteles incontrolables?

Entre el inicio de la guerra contra los cárteles en 2006 y finales de 2020, México registró 80.000 desapariciones y casi 300.000 muertes, ¡incluidas 35.000 sólo en 2020! En 2022, el país ocupaba el puesto 23 en la lista de naciones más afectadas por la violencia en todo el mundo. Según una investigación del Instituto Nacional de Estadística de México, en 2022 se habrán producido casi 32.000 asesinatos, un 9,7% menos que en 2021. Además, se espera que la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes baje de 28 en 2021 a 25 en 2022. El país es también uno de los más peligrosos para periodistas, mujeres, migrantes y estudiantes, como ilustra el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa "desaparecidos" en 2014 (implicando a la policía, al ejército y a una banda criminal). La represión militar de los cárteles ha sido contraproducente. La detención de grandes capos como "El Chapo" Guzmán, sólo ha dividido a los clanes y producido más violencia. Ya no es el Estado el que hace la guerra a los narcos, sino que son los cárteles los que atacan al Estado cuando se interpone en su camino. El "laissez-faire", como era antes de 2006, con un pacto de no agresión entre los grupos criminales y las autoridades políticas, ya no es una opción hoy en día, pues los actores locales se han vuelto demasiado poderosos. Los cárteles ya no se contentan con el narcotráfico, sino que recurren a otras formas de tráfico (trata de personas, bombonas de oxígeno ¡durante la pandemia!), secuestro, extorsión, etc. Entonces, ¿cómo frenar esta dinámica? AMLO ha decidido luchar frontalmente contra la corrupción y la pobreza, caldo de cultivo de las bandas criminales. También ha creado una guardia nacional, un nuevo cuerpo supuestamente purgado de corrupción. Pero, contrariamente al enfoque desmilitarizado que había anunciado en su campaña de lucha contra la delincuencia, la guardia nacional está dirigida por un militar, y muchos de sus reclutas proceden de la policía federal y del ejército... Un fracaso clamoroso de las instituciones que deben proteger al ciudadano, que da lugar a una sensación general de impunidad, dejando espacio a todo tipo de excesos, incluida la pequeña delincuencia: y las armas de guerra llegan por millones desde Estados Unidos (¡a este respecto, nuestro vecino del Norte es menos reacio a cerrar la frontera que a cerrarla a los emigrantes que llegan en dirección contraria!). Así que a México le va a llevar tiempo mantener a sus jóvenes ociosos alejados de los cárteles, y tiempo también para limpiar sus instituciones, profundamente infiltradas. Una vez más, parece que la lucha contra la corrupción es una de las armas más eficaces contra el poder de los cárteles.

La cuestión migratoria en el centro de las relaciones entre México y Estados Unidos

Las relaciones políticas, económicas y culturales entre Estados Unidos y México siempre han sido muy estrechas. En el plano económico, ambos países están vinculados por el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (TLCUEM), que sustituyó al TLCAN en julio de 2020. Más del 80% de la producción mexicana se exporta a Estados Unidos, por no hablar de las toneladas de droga (sur-norte) y los millones de armas (norte-sur). Unos 36 millones de mexicanos viven en Estados Unidos (casi el 10% de la población estadounidense), lo que les convierte en la mayor comunidad extranjera del Tío Sam. A millones más (y no sólo mexicanos) les gustaría unirse a ellos, para escapar de la pobreza y la violencia de sus barrios. La migración es un tema clave en las relaciones entre México y Estados Unidos. Cuando Donald Trump llegó al poder en enero de 2017, las relaciones se endurecieron. El hombre que llamó narcotraficantes y criminales a los mexicanos mandó construir un muro en la frontera e incluso pidió a México que lo financiara cuando se dio cuenta de que no tenía presupuesto para construirlo... Al final, México no dio ni un centavo, y de los 735 km de muro construidos (de 3.152 km de frontera). Trump fue más efectivo con su presión económica, amenazando a México con barreras aduaneras a los productos mexicanos si no colaboraba en la lucha contra la inmigración. Sin margen de maniobra, dada la importancia del mercado norteamericano para un México ya maltrecho económicamente, AMLO tuvo que frenar las caravanas de migrantes, llegadas por miles desde Guatemala, Honduras y El Salvador. La nueva guardia nacional se desplegó en la frontera sur (Guatemala) y unos 200.000 migrantes fueron devueltos a sus países de origen. Obligado a detener a los migrantes por Estados Unidos, México ha intentado poner en marcha alternativas a la represión, con ayuda al desarrollo de los países centroamericanos. La toma de posesión del Presidente Joe Biden en enero de 2021 ha creado una sensación de optimismo entre los migrantes y ha revitalizado la relación entre los dos países, cuyos representantes comparten ahora valores más similares. Entre las primeras medidas de Biden estuvo la decisión de abandonar la construcción del muro fronterizo. Biden también anunció una reforma migratoria para regularizar a los 11 millones de inmigrantes ilegales en suelo estadounidense (la mitad de los cuales son mexicanos). También está dispuesto a colaborar con México en la ayuda al desarrollo en Centroamérica para contener el éxodo de migrantes a largo plazo. Sin embargo, a finales de agosto de 2022 se habían producido algo más de 2 millones de detenciones de inmigrantes ilegales en sólo once meses: un récord histórico. Se cree que esta impresionante cifra se debe en parte al impacto económico de la pandemia en América Latina.

Un reposicionamiento de México en la geopolítica regional

La llegada al poder en diciembre de 2018 de un partido de izquierdas, después de tres décadas de políticas neoliberales, tendrá sin duda consecuencias geopolíticas en América Latina. Uno de los primeros actos de AMLO fue la retirada de su país del Grupo de Lima, organismo multilateral creado en 2017 para buscar una solución a la crisis política en Venezuela. La segunda intervención significativa del país azteca fue la oferta de exilio al expresidente de Bolivia, Evo Morales, en la crisis postelectoral de octubre de 2019, que le había obligado a huir del país. También en este caso, al apoyar a Morales, México muestra una posición opuesta a la de la Organización de Estados Americanos (OEA). Sin embargo, a pesar de los vaivenes políticos, AMLO goza de un robusto índice de aprobación en 2023, superior al 60%. Al entrar en el último año del mandato de AMLO, la atención se centra ya en las elecciones presidenciales de julio de 2024. Dado que los presidentes mexicanos no pueden presentarse a un segundo mandato, el debate se centra en la sucesión. En este sentido, el panorama político de México podría ser testigo de una primicia histórica. Claudia Sheinbaum, ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se ha posicionado como la favorita del partido Morena para las elecciones de 2024, con 39% de las preferencias electorales, por delante de Marcelo Ebrard, ex Secretario de Relaciones Exteriores, quien obtuvo 26%. De mantenerse la tendencia actual, Claudia Sheinbaum podría convertirse en la primera mujer en gobernar México, una hazaña sin precedentes en la historia del país. Las próximas elecciones prometen ser cruciales para el futuro de México y podrían consolidar al partido Morena como la fuerza política dominante del país. Más allá de estas cuestiones domésticas, queda por ver la posición de México en el tablero geopolítico regional, testimonio de la capacidad del país para conciliar su tradición diplomática con las exigencias de un mundo en constante cambio.